Olga Reinoso, Secretaria General de la CTA Autónoma Santa Cruz, pasó por el aire de Sobre la Hora y explicó por qué junto al Secretario General de ATE Santa Cruz Alejandro Garzón enfrentan un juicio por las protestas de 2017. «Todo el mundo se solidarizaba en el marco de seguir propiciando un diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, ante una crisis que entendíamos los trabajadores que teníamos que sentarnos todos y maduramente resolver» afirmó.

Acompañados por dirigentes de ATE Nacional y de diversas provincias que movilizaron a la capital santacruceña, Reinoso y Garzón dieron su declaración indagatoria: «A nuestro entender no es un delito organizar a los trabajadores; no es un delito ser representante, al contrario, es un orgullo ser representante de los trabajadores del Estado, que son los que menos cobran y que siempre han sido olvidados«.

«Las medidas de fuerza que llevamos adelante tenían que ver con las distintas asambleas que se desarrollaron en toda la provincia, había un contexto social donde no había clases; donde los trabajadores de la Justicia tenían acampe fuera de los Tribunales; los jubilados tenían acampe fuera de la caja de la Caja de Previsión Social y de la Casa de Gobierno; donde los trabajadores viales no estaban saliendo a los operativos de invierno en las rutas… había un contexto en donde el pueblo de Santa Cruz y los trabajadores en su conjunto quedamos atrapados en una interna política feroz con el gobierno nacional y provincial»

Además, se palpitaban los intentos de reforma laboral y previsional a nivel nacional y la sociedad estaba muy movilizada. En el modelo económico que busca instaurar el neoliberalismo, la respuesta a los reclamos de les trabajadores «fue la represión« y por lo tanto «hasta el pueblo venía a las asambleas ciudadanas que se venían desarrollando a distintos lugares como escuelas, como barrios, a decir que se estaba viviendo una situación compleja«. Destacó la importancia del sueldo de trabajadores estatales que reactivan la economía ya que no es una provincia industrializada.

En esta causa, solo imputan a los trabajadores del Estado que estaban panfleteando en la ruta «tratando de comunicar lo que pasaba a todos los que pasaban por ahí, a los autos, camiones, de lo que estaba ocurriendo y que necesitábamos que dialoguen y resolver el conflicto» que se reflejó a lo largo y ancho de toda la provincia. «Teníamos que hacer algún tipo de medida que nos indique que el gobierno nacional preste atención a lo que estaba pasando» subrayó, y que fue finalmente lo que sucedió: «se entendió lo que nosotros estábamos propiciando, que era el diálogo«.

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