En el marco del decreto 665/2019 del Gobierno que obliga a los privados a pagar un bono para trabajadoras y trabajadores, el Coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, analizó la situación en Sobre la Hora y reflexionó sobre las consecuencias de su aplicación.

Mas que bono, yo lo llamaría, adelanto reembosable” ya que se paga a cuenta de futuros aumentos y cláusulas de revisión. Por otro lado, remarcó que es dentro del sector privado, por lo tanto quedan fuera estatales, “y dentro del sector privado quedaron excluídos los trabajadores, fundamentalmente trabajadoras de casas particulares y trabajadores y trabajadoras del sector rural“.

El decreto dice que hay que pagarlo en el mes de octubre, o en los plazos, montos y condiciones que se establezcan en la negociación colectiva” que, de retrasarse, implican un retraso del pago del mismo bono; o bien, como ya acordaron algunos sectores con las cámaras y los sindicatos, se puede pagar en cuotas.

“Estos $5000 se van a compesar con los aumentos que resulten con las revisiones salariales que hayan de acá en más” explicó Campos y remarcó: “aún si los pagaran en una sola cuota y durante el mes de octubre, ya seguramente se van a estar descontando en noviembre, diciembre o enero” y no se pagarían los aumentos estipulados.

Cuando uno lo mira y lo cruza con el calendario electoral aparece una coexistencia que además va muy en la línea de muchas de las medidas paliativas que anunció el gobierno nacional después de las PASO. Por ejemplo estos $2000 que no te retienen de los aporte y que se los dan a los trabajadores en septiembre y octubre; o la postergación de los incrementos de las tarifas de los servicios públicos, que se postergan hasta diciembre. Muchas de esas medidas que claramente iban de la mano del calendario electoral y las necesidades políticas de este gobierno

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