Comenzaron las audiencias por el caso “Las Marías” la empresa yerbatera de los Navajas Artaza en Gobernador Virasoro, donde torturaron a una veintena de trabajadores y desaparecieron los sindicalistas Neris Pérez y Marcelo Peralta durante la última dictadura. Sobre la Hora conversó con Hilda Presman, la Coordinadora de la Red de Derechos Humanos de Corrientes, quien acompaña la causa.

Hemos logrado con los familiares y los sobrevivientes que el Tribunal Oral Federal de la provincia de Corrientes se traslade a Gobernador Virasoro para tomar los testimonios a los familiares” comentó Presman, lo que “es un hecho muy conmoncionante” para la sociedad.

“Es el inicio de la acción reparatoria poder contar lo sucedido acá en el pueblo, donde todo el pueblo está impregnado de la presencia, de los nombres, de la imponencia de la figura de la familia Navajas Artaza” remarcó.

Destacó que la mayoría de los testimonios son de familiares o vinculados a trabajadores rurales que en los ’70 estaban sindicalizados “reclamando derechos laborales a la empresa”. “Tienen el mismo patrón de no tener recursos, de ser casi analfabetos, de no tener la escuela primaria completa, y todos reflejan las condiciones de trabajo, de sumisión, de sometimiento, de paternalismo, que tenían y que cada vez que se buscó hacer algún planteamiento que mejorara condiciones motivó la ira de la empresa” analizó y afirmó que “la razón de desaparición es su sola vinculación con los sindicatos que reclamaban derechos laborales“.

“Una cosa es el juicio real, lo que está transcurriendo en el debate” dijo Presman, “y otra cosa es todo lo que tiene que ver con la Memoria Histórica, con la reivindicación, con la visibilización“, donde las organizaciones de DDHH y los sobrevivientes “hablamos de la responsabilidad empresarial”.

En ese sentido, explicó que “es un juicio con debilidades estructurales” porque los dueños de la estancia Las Marías, “han tenido un colchón de impunidad que viene prolongándose en el tiempo y que hace que Adolfo Navaja Artaza haya sido sobreseído en el año 2008 después de que 21 jueces federales se hayan inhibido en la causa“.

El último juez que tomó la causa tuvo como primera medida procesal sobreseerlo sin haberle tomado declaración indagatoria.

El imputado es el teniente y ex intendente de facto Héctor Torres Queirel, dueño de una de las estancias que proveía a la yerbatera Las Marías donde fue secuestrado Marcelo Peralta. “Nosotros de cualquier manera tenemos claro todo este camino, y este colchón de impunidad, y de apartamiento, y de selectividades y de aislamiento al rededor de esta causa” remarcó, y que apuntan más allá de la justicia, a contextualizarlo y a la condena social.

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