A través del decreto 907 firmado por la vicepresidenta Gabriela Micheti, el gobierno nacional cerró la posibilidad de investigar administrativamente la deuda del Correo Argentino que involucra a la familia del Presidente Mauricio Macri. El periodista Ignacio Damiani autor del libro “Radiografía de la corrupción PRO”, se refirió a la causa y aseguró: “Han removido a todas las personas que intervienen en el expediente”.

“No es que la causa se cierra: se cierra una parte que fue la apelación que hizo la Fiscalía a cargo de Sergio Rodríguez, entonces Micheti termina firmando un decreto para cerrar la parte administrativa” comentó. Hay dos denuncias importantes vinculadas: Macri está imputado por la causa que intentó cerrar en secreto con Oscar Aguad cuando era ministro de Comunicaciones; y la parte civil “que es la  que la Fiscal de cámara Gabriela Boquín expuso como un acuerdo ruinoso para el Estado”.

El padre del Presidente, Franco Macri llegó a tener la deuda “porque no cumplió con los cánones que había acordado con el Estado cuando se quedó con la concesión del Correo”. La empresa quebró, y luego se fue incrementando el saldo deudor con el Estado durante el gobierno de Néstor Kirchner, que quería tener los Macri como deudores: “entonces se da la situación que Mauricio Macri llega a la Primera Magistratura y entre bambalinas intentan condonarse esa deuda de 70 mil millones de pesos hasta 2033”.

Las maniobras que hizo el macrismo desde que arribó a la presidencia fueron en función de que esta deuda no se pague. Por supuesto que mediáticamente se mostraron como los garantes de la transparencia, como los primeros defensores del Estado”.

Damiani relató que en primer lugar se logró la remoción de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, y en su lugar se ubicó de Procurador Intenrino a Eduardo Casal, que una de las primeras medidas que tomó “fue correr al fiscal Juan Pedro Zoni de la causa, entonces se garantizó el macrismo poder operar sobre la investigación en esa parte”. En su lugar ubicaron al Fiscal Gerardo Policcita, que “fue asesor de seguridad cuando Macri fue presidente de Boca”.

El otro caso donde se apartó a un funcionario fue en abril de 2017, cuando el Procurador del Tesoro Carlos Balbin recibió las causas del Correo y de Avianca, y fue ‘renunciado’. En su lugar pusieron a Bernardo Saravia Frias, “un hombre de la mesa chica judicial del gobierno y ex asesor de los estudios jurídicos del Presidente”. “Es realmente llamativo como el Estado dirima la duda del grupo familiar de Macri, no tiene ningún interés de que la causa se investigue y que además se pague la deuda, que es lo más importante para todos los ciudadanos” afirmó.

El periodista advirtió que la causa en la que está imputado el presidente y Oscar Aguad la mantiene el juez Ariel Lijo, “que cuando decidió avanzar, de inmediato le cayó un juicio político que lo salvó el socio y operador político de Angelici

La ingeniería para tener bajo control las presiones para pagar esa deuda las mantienen. Por eso en cada paso y en cada instancia siempre hay una maniobra para no pagar esa deuda” subrayó.

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