Luciano Gonzalez, Abogado del Centro de Jubilados de la Asociación Trabajadores del Estado, explicó en Sobre la Hora la medida cautelar presentada por ATE para resguardar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. “Desde que asumió el gobierno de Macri viene tomando medidas destinadas al saqueo y destrucción del Anses, que es el sistema previsional argentino” afirmó.

En diciembre hubo un “saqueo” por la transferencia de $86 mil millones para “gastos corrientes” en diciembrey $10 mil millones más en enero. “Lo que se pretende con esta cautelar es que un Juez Federal suspenda a futuro esta posibilidad de tomar plata del FGS y la otra medida es que se restituya la plata tomada” indicó.

El Fondo se creó en 2008 tras la re-estatización del sistema previsional en manos privadas de las AFJP desde la administración de Carlos Menem en la década de los noventa. “Es un fondo anti-criris, el fin de este fondo es poder palear en un momento de crisis poder palear en un momento de crisis el pago de jubilaciones y pensiones de todos nuestros abuelos” explicó Gonzalez.

Este FGS hoy se está usando únicamente para pagar deuda e intereses. Lo están liquidando directamente. En otra época se utilizaba el Fondo para hacer mover el país, todo lo que sea algo productivo que también era muy discutible si era muy necesario o no”

El Fondo se compone de los aportes de los trabajadores y contribuciones de las patronales en un 50%, y con otro 50% de rentas generales. “Lo que viene haciendo el gobierno de Macri es sacar la renta genuina del Anses y no las reemplaza con otras. Entonces lo que viene es vaciando directamente el Anses” por mandato del FMI, que busca destruir el Anses para venderlos a una “privatización del FGS para el fin de este año”.

Desde ATE reclaman la inconstitucionalidad de la ley de Reparación Histórica aprobada por el Congreso Nacional que habilitó estos saqueos porque la finalidad del Fondo fue otra” destacó Gonzalez. “Y los jueces están para velar nuestra Constitución, y si las leyes van en contra de nuestra Constitución tendrían que ser los jueces federales los que pongan un coto a esta situación” concluyó.

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