La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal sentenció la “invalidez constitucional” del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri para la modificación de la Ley de Migraciones en enero de 2017. Sobre la Hora consultó a Doris Quispe, del Bloque de Trabajadorxs Migrantes sobre la sentencia.

Declaró que la política xenófoba del gobierno no empezó con decreto de enero, sino que “a partir de 2016 se había iniciado una campaña contra los extranjeros“. El caso de la muerte dede Braian Aguinaco en manos de Brian Joel, sirvió de puntapié para armar el decreto según Quispe: “dijeron que este nene Brian era de Perú y no era de Perú, es argentino, y nunca se fue expulsado, pero fueron repitiendo por todos los medios”. Sin embargo ni el gobierno ni los medios lo desmintieron, incluso, “Salieron a justificarlo porque tanto la Ministra de Seguridad tanto como el Director Nacional de Migraciones la salieron a justificar, incluso decir en una audiencia en la Corte Interamericana, que ellos estaban manejando lo de forma correcta, que ellos hablaban todo lo que habían escrito en este DNU”.

Para justificar la política xenófoba,el gobierno usó un número “relativo” en el que se hizo un conteo sobre cárceles federales donde decía que los migrantes eran el 33% de la población carcelaria. De esta manera, “la gente se quedó en la imagen pensando que era el 33% del extranjeros como total de la población, como si fuera esa cantidad, pero cuando uno va a los números del censo 2010 somos el 4,5%” advirtió la referente. En 2017 “Apenas llegamos al 4,8% y sobre esos delitos transnacionales son apenas el 0,2%” afirmó. 

Contó además que en 2010, la vicepresidenta Gabriela Michetti manejaba la página “Legislemos”, en la cual se hizo un estudio donde vinculaba la pobreza y potencial delincuencia al migrante. A partir de allí creó un proyecto que fue repudiado por distintas organizaciones y “lo tuvieron que bajar claramente, y ahora el gobierno básicamente lo materializaron con todo no hay más” contó Quispe. “No hay un documento más enojo como éste de DNU 70”. 

“Esta solución a nosotros realmente nos reivindica, porque todo este tiempo que nosotros hemos venido a luchar a las calles” dijo la trabajadora y afirmó que “Éste decreto es inconstitucional por todos los lados de donde lo mires”.

“Somos un grupo muy diverso de organizaciones migrantes” afirmó Quispe, que la organización está conformada por compañerxs centroamericanos, mexicanos, colombianos, peruanos, bolivianos, paraguayos, chilenos, entre otros. Son trabajadores y “los que vienen a estudiar carreras universitarias vienen trayendo Divisas no vienen a sacar Divisas”. Por eso criticó el proyecto de De Petri que intentaba arancelar la salud y la educación: “Generó un problema con los radicales” porque “lo que tienen ahora en la universidades públicas, es mucho extranjero, cuando lo que quisieran ellos aplicarán el repudio de este de proyecto” relató.

Mientras el decreto estuvo vigente “hubieron muy pocas deportaciones” explicó la trabajadora.
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