“La confesión es una prueba que no se acepta en nuestro ordenamiento jurídico porque está asociada a la tortura”

Sobre La Hora consultó a la abogada Claudia Cesaroni para analizar diversas aristas en relación al femicidio de Micaela.

Al respecto consideró que “sería mejor tener prudencia al afirmar que tal o cual es el asesino o el violador con la sola información policial” y aseguró que “los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en esto”.

“Me preocupa que compremos la información policial como si fuera cierta”, subrayó la abogada y señaló que “la confesión es una prueba que no se acepta en nuestro ordenamiento jurídico porque está asociada a la tortura”, por lo cual “lo que se dice en cede policial no tiene ninguna validez”.

Asimismo Cesaroni explicó que “el sistema penal y procesal de nuestro país funciona de manera que es el Estado el que tiene que demostrarle a la persona que es culpable; eso es lo que quiere decir ‘presunción de inocencia'”

Por otro lado, expresó: “Me parece una locura decir que el Juez es prácticamente co-responsable y salir a lincharlo públicamente y pedir su juicio político, porque la resolución del Juez no era mala; lo que él argumenta es que si esta persona tiene salidas transitorias hace más de un año, con qué argumento le voy a negar la libertad condicional, que es un derecho, no es un beneficio”.

“Se va a discutir y aprobar -lamentablemente- modificaciones a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, lo que va a generar conflictos al interior de las cárceles, huelgas de hambre, más hacinamiento, más muertes, que son muertes que a casi nadie le importan. Esa es una realidad sobre la que quiero alertar, porque prefiero vivir en un estado democrático donde todas las vidas sean valiosas y no se busque a cualquier culpable, sino que se encuentre el verdadero culpable”, reflexionó Claudia Cesaroni en diálogo con Sobre La Hora.

Por último opinó: “No hay  un modo de atender estas problemáticas, sino que hay diversos modos que tienen que ver con cada persona. Y justamente nuestro ordenamiento jurídico respecto a las penas privativas de la libertad plantean que el tratamiento debe ser individualizado; cada preso merece un tratamiento individual y progresivo; y lo que están haciendo utilizando estos casos es alterar el sistema de progresividad” y concluyó: “Nos estamos poniendo al final de la fila de los ordenamientos jurídicos de países democráticos”

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