Con la excusa del G20 se publicó en el Boletín Oficial una normativa que prácticamente legaliza el gatillo fácil, y Sobre la Hora conversó con Luis Gauna, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

Cuando el policía gatille, va a tener el aval de decir ‘accioné en cumplimiento del deber’, y termina por cualquier lado de que uno pueda denunciar eso como un hecho de represión estatal” explicó.

“En el momento en que señala que cualquier acción que el policía considere que cualquier acción puede generar un peligro tanto para él o para algún tercero, dotando totalmente de validez la subjetividad del agente que va a disparar, es habilitar a cualquier hecho donde un policía mate a otra persona va a tener muchas más herramientas que las que tiene hoy en día para considerar que el hecho estuvo en legítima defensa, exceso de legítima defensa, exceso de cumplimiento del deber, esas categorías que utiliza el Poder Judicial para relativizar esos fusilamientos que suceden todos los días, en todas las barriadas, en todos los puntos del país”.

Este accionar “puede ser una opción directa para la policía que no representa un abuso, ni un desvío, ni un exceso, ni ninguno de esos términos que a veces se utilizan para edulcorar los fusilamientos”. A eso se le suma aval del entramado judicial “que es una pata más de la represión, que no termina solo con el fusilamiento de los pibes sino con este proceso donde si las familias no se organizan o no tienen el amparo de espacios u organizaciones que las acompañen terminan cajoneados”.

En todo ese entramado no podemos dejar de lado que este anuncio se da cuando ya Macri está por superar casi las 1000 víctimas por parte de su aparato represivo estatal desde que asumió el 10 de diciembre” expresó Gauna, y remarcó que no es menor que se aplique en este momento donde hay mayor conflictividad social en el país.

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