Claudio Lozano, Coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas pasó por el aire de Sobre la Hora y habló sobre la denuncia penal efectuada contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri; el ex ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne; y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris por las irregularidades en el acuerdo con el FMI.

En la tarde del martes, se realizó una conferencia de prensa en la CTA Autónoma, y se expusieron los argumentos de la denuncia por la deuda contraída con el FMI, por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y Abuso de Autoridad, previstos y reprimidos en el art. 248 del Codigo Penal y de Administración Fraudulenta contra la Administración Pública”.

El Movimiento de Empresas recuperadas y Abogados por el Ministerio Público, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, hizo una presentación en su momento reclamando la documentación de los distintos organismos del Estado respecto del acuerdo con el Fondo. Al hacer esta presentación lo que apareció es que ningún organismo del Estado Argentino había intervenido en ese proceso de acuerdo, que el Ministro de Economía y el presidente del BCRA, sin autorización de nadie y en nombre de todos firmaron una carta de intención pero que no hubo ningún tipo de documentación ni decisión del Estado Argentino para que se lleve adelante el acuerdo

Como no hubo cumplimiento de los deberes administrativos, luego de la denuncia se hizo «una presentación donde se pide la nulidad de todo el proceso administrativo correspondiente a la deuda con el Fondo». A esto se le suma la denuncia ya hecha por Lozano, en abril de 2018, «que tenía que ver con que Macri no tenía facultades para llevar adelante el acuerdo sin pasar por el Parlamento Nacional».

La ley que invoca el Poder Ejecutivo respecto de la cual supuestamente tenía facultades para endeudarse es una ley que en el artículo 60, no se encuentra vigente. Hemos presentado toda la documentación al respecto y esperamos que el Juzgado Federal N° 2 actúe como corresponde.

Durante toda su gestión, Macri tomó deuda por un monto superior a los 100 mil millones de dólares «de los cuales se fugaron U$S 86 mil millones, y de un acuerdo con el Fondo absolutamente flojo de papeles». Por lo tanto, hay argumentos para que el próximo gobierno tenga como tarea investigar y auditar el acuerdo, «como modo de pararnos frente a esto y suspender los pagos desde la Argentina por lo menos por dos años con el objetivo de que pueda darse lugar al proceso de recuperación económica y social que necesita el país».

Lozano resaltó la propia carta orgánica del FMI, que no le permite prestar dinero a países en situación de fuga de capitales, lo que demuestra que «acá hay un acuerdo que está flojo de papeles del lado argentino, y está flojo de papeles del lado del Fondo».

Participaron de la conferencia integrantes de la Central y del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas; gente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas; la Coordinadora de Abogados por el Ministerio Público; el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

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