En Sobre la Hora, consultamos a Mariano Lovelli, titular del Imagen relacionadaCentro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que organizó una presentación en el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires para defender a los consumidores electro-intensivos.

“Entendimos que esta situación es socialmente muy injusta: aplicarle el mismo cuadro tarifario a zonas en donde el Estado llega con todos los servicios, a estas poblaciones que lo único que tienen es energía eléctrica”

Si bien el CEPIS patrocina a 1400 familias de La Plata y Saladillo, Lovelli comentó que se encontraron con que es “una realidad que le toca a todas las periferias de los Centros Urbanos” donde las familias no cuentan con redes de gas natural o agua.

Esta necesidad de ese consumo intensivo, es un problema que “se ha agudizado mucho a partir de los tarifazos”. “Antes había problemas en muchos de estos lugares en cuanto a la prestación de servicio”, como poco voltage, golpes de tensión o cortes de luz, pero aún “no ha habido mejoras en el servicio” pese a los estrepitosos aumentos.

“Logramos identificar que en el territorio de la Provincia de Buenos Aires tenemos aproximadamente 2 millones de usuarios residenciales electrointensivos. Estamos hablando de 2 millones de hogares que no cuentan con servicio de gas natural por redes y muchísimos miles de esa cantidad tampoco tienen servicio de agua de red. Con lo cual se genera un sobreuso de la energía eléctrica no por mejores condiciones de vida, por mayor confort, sino por una cuestión de supervivencia”

Elaboramos una propuesta de creación de una categoría específica de usuarios residenciales electrointensivos y que se les cobre los valores establecidos para la tarifa residencial uno que es el primer eslabón de la cadena” explicó, ya que este tipo de usuarios consumen entre 750 y 1000 kw. por mes.

En un caso testigo de 750 familias, detectaron que “en el caso de Edesur están pagando aproximandamente $4200 por mes, y si se aplicase la tarifa diferenciada que nosotros estamos planteando, la gente estaría pagando $1970, un ahorro de más del 50%“. “Ese dinero hoy se lo lleva directamente la empresa, no significa una mejor prestación en el servicio”, denunció, y que además “ese dinero se va a Panamá, se va a los paraísos fiscales que es donde tienen después radicadas las sociedades controlantes de las distribuidoras“.

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